- La desaparición y el homicidio de Fabiola Metzulebeth Cervantes Macias evidencia las deficiencias en protección en el Estado, incluso cuando hay denuncias
TIJUANA.- La reciente desaparición y el lamentable homicidio de Fabiola Metzulebeth Cervantes Macias, de 30 años de edad, trabajadora de la empresa BOE Vision en Tijuana, ha puesto en evidencia las deficiencias en los mecanismos de protección laboral en Baja California.
Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM) ha insistido en alertar sobre la vulnerabilidad de los trabajadores, principalmente mujeres, muchas de las cuales han denunciado acoso o violencia sin recibir protección efectiva.
Sol Merino, directora operativa de SUCOMM, externó su preocupación la desconfianza y burocracia que impiden que las víctimas obtengan apoyo real.
Afirmó que estos factores, junto a la inexistencia de protocolos internos, ponen en riesgo no solo la integridad laboral, sino incluso la seguridad personal de quienes salen de sus centros de trabajo.
“Estamos inseguros en todo el Estado. Hace poco hicimos un estudio junto con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, y se les preguntaba a hombres y mujeres cómo se sentían ante dicha situación; y casi 70% dijo sentirse inseguro. Es importante revelarlo, nadie está seguro y no hemos visto acciones para erradicar esta violencia”, refirió Merino.
Asimismo alertó que “cada minuto cuenta”, al referirse a la urgencia de atender las denuncias de desaparición y violencia.
La confianza en los canales internos de denuncia es mínima: anteriormente se dió a conocer que en una sola empresa identificaron cinco casos de acoso, de los cuales únicamente una mujer se atrevió a denunciar.
En plantas más grandes, dijo Sol Merino, es aún más difícil controlar las condiciones de seguridad de trabajadoras y proveedores.
Ante esto, SUCOMM anunció la creación de un protocolo integral para prevenir, erradicar y atender cualquier forma de violencia, acoso u hostigamiento en centros laborales, e hizo un llamado a cámaras empresariales y autoridades a sumarse.
Este caso también llama a las empresas, el Estado y la sociedad, pues evidencia que la carencia de protocolos adecuados y la desconfianza en los mecanismos de denuncia pueden derivar en consecuencias graves, sobre todo para las trabajadoras.